Que de la ola de violencia.

 

CNM lanzará convocatoria para 1,100 plazas de jueces y fiscales en Ancash y todo el país

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) iniciará a fines de este mes el proceso para el nombramiento de más de 1,100 plazas de jueces y fiscales, según anunció su titular, Pablo Talavera en entrevista con el Diario Oficial El Peruano.

A casi 20 años de creado este Consejo, la provisionalidad es aún un tema urgente ¿Tan difícil es dotar al país de jueces y fiscales titulares?

–Quizá porque no existe una política de incentivos desde la magistratura, aunque es necesario comprender que la provisionalidad no solo es un problema de cubrir plazas vacantes. Es mucho más que eso. La ocasionan diversos factores, como el no poder cubrir las plazas convocadas; la permanencia de órganos judiciales y fiscales transitorios; el otorgamiento de licencias y traslados u otros. No quiero responsabilizar a nadie, sino advertir que en las políticas de la magistratura debemos participar todos, desde el Poder Judicial (PJ), el Gobierno, el Ministerio Público y el CNM.

En estos momentos, el Consejo y el PJ hemos coincidido en la reducción de la provisionalidad y tendré una reunión con su titular, Enrique Mendoza, para expresarle que ambos debemos impulsar este tema. Igual el Gobierno, proporcionando los recursos para su desarrollo. Queremos evitar lo sucedido en dos convocatorias en que 147 plazas fueron declaradas desiertas porque a nadie le interesó postular para Bagua, Marañón y otros pueblos de nuestra sierra y selva, por la falta de incentivos.

Se mencionó un stock histórico de plazas de difícil cobertura, ¿verdad?

–En total son 1,114 plazas consideradas de difícil cobertura. En estricto, hay cerca de 147 plazas en las que no solo hay pocos postulantes, sino también de que nadie se presente y que corresponden a las cortes de Amazonas, Áncash, Apurímac, Loreto, Madre de Dios, Puno, San Martín, Santa o Ucayali. Entonces, por qué sucede esto, pues por la ausencia de una política real de incentivos.

¿Hablamos de incentivos solo para el ascenso o también económicos?

–Lo ideal serían ambos. Por ejemplo, de que exista una bonificación económica para aquellos lugares no solo de difícil acceso, sino también donde la violencia o la seguridad esté afectada. Incluso reducir el monto de la inscripción para estos procesos. Otra posibilidad es que se les contemple para concursos futuros, que se les cuente el doble del tiempo que ejerce su función.

–¿Y cómo evitar el uso como un trampolín para plazas más citadinas?

–Pues habrá un requisito de que se les exigirá permanecer en el lugar no menos de tres años para el otorgamiento de la bonificación, tal como se hizo con la justicia especializada en terrorismo. Así, ese magistrado tranquilamente con tres años de servicios ya puede estar en capacidad para postular a un cargo superior.

¿Sin flexibilizar el rigor académico en los procesos?

–Solo adecuándolos a la casuística de la realidad sociojurídica de cada zona. Nosotros necesitamos magistrados idóneos que sepan hacer su trabajo. ¿Qué hace un juez? Dirige audiencias y sentencia, por lo que debe conocer el derecho, pero fundamentalmente de los casos que se ven en la zona. La receta siempre ha sido hacerlo todo pensando en Lima, y eso lo hemos reproducido. Ahora, vamos a ser flexibles, pero apreciando que el juez reúna las condiciones y competencias para hacerlo y que cumpla los rigores psicométricos que le formularemos.

¿Cuándo lanzan esta convocatoria?

–A fines de este mes y el examen sería cerca de fines de abril, para 1,100 plazas. Aunque este año queremos cubrir un total de 1,915 plazas.

¿Incluirá supremos?

–Por el momento, no.

¿Con estos incentivos?

–Con incentivos del consejo, aunque lo ideal sería que se brinden incentivos del Estado, pero no hay tiempo. Quizá con el ofrecimiento de hacerlo en el camino. Lo importante es que estamos decididos a encarar la provisionalidad desde diversos frentes, con el sinceramiento de plazas, con más incentivos y, para atender los requerimientos de la realidad socioeconómica del país, se procederá a concursos por competencia para garantizar la seguridad jurídica. Incluso atenderemos los requerimientos de la cuota de género.

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