Opinion de Fritz Du Bois.

 

Fritz Du Bois

Esta semana nos ha dejado una sensación de ‘déjà vu’ de los noventa. Por un lado hemos tenido a Abimael Guzmán organizando a sus seguidores para regresar a la acción. Mientras que por el otro hemos sido testigos de las ‘combis asesinas’ corriendo para ganar pasajeros matando en el camino a inocentes parroquianos.

Así tenemos que, en el primer caso, el temor que ha causado conocer de la triangulación entre ‘Artemio’ en el Huallaga levantando recursos del narcotráfico con los abogados –que fueron de Socorro Popular y ahora son del Movadef– y la cúpula encarcelada de Sendero nos ha dejado muy en claro el error que fue la flexibilización del régimen carcelario para terroristas hace 13 años.

En realidad era ingenuo –por decir lo menos– pensar que cuadros armados que habían estado activos hasta hace poco no iban a intentar retornar ‘a la lucha’ luego de salir de la cárcel gracias a los generosos beneficios penitenciarios que les fueron otorgados. En ese sentido han salido en libertad alrededor de mil terroristas, la mayoría de ellos aún bastante lejos de la edad de jubilación, quienes estarían esperando ser reagrupados no bien sus líderes sean liberados.

Es por ello que Abimael Guzmán y Elena Yparraguirre estuvieron maquinando a través de sus organizaciones de fachada para crear un partido político, cuya única finalidad era el lograr que fueran amnistiados. Evidentemente no estaban buscando salir de la cárcel para pasar sus últimos años como tranquilos y apacibles jubilados. ¿Se imaginan el riesgo que estaríamos corriendo si se les hubiera hecho caso a los que plantearon que el Movadef fuera formalizado?

De haber sido ese el caso ahora habría de seguro una campaña brutal para liberar a la cúpula senderista con la participación de los inevitables organismos internacionales que siempre están involucrados. Más aun creo que es realista decir que en esas circunstancias hubieran tenido una alta probabilidad de ser exitosos en liberarlos.

Por lo cual gracias a la acción de la Dircote debemos sentirnos aliviados y más bien exigir que al plantear las acusaciones penales por la utilización del dinero del narcotráfico se incluya también, como cómplices, a la cúpula que aún está en prisión. Ha quedado demostrado que participaron en la operación y el que reciban 10 o 20 años adicionales de condena le dará tranquilidad a la población. De esa manera cuando eventualmente terminen su sentencia ya no deben tener posibilidad alguna de retornar por el sendero equivocado.

Lamentablemente, en lo que respecta a los asesinos en las pistas, la misma capacidad de acción no está siendo demostrada ni por las municipalidades de Lima y Callao ni por los ministerios de Transportes e Interior. Es un verdadero escándalo la pasividad del Estado.
Incluso es increíble el doble estándar que están aplicando. A cualquier ciudadano que tenga una papeleta impaga le decomisan el auto y lo mandan al depósito. Sin embargo el monstruo que atropelló a la chica minusválida el viernes pasado tenía 44 multas por faltas graves y seguía circulando como si nada. O el hecho de que los propietarios de las líneas –de las que reciben muy buenas utilidades– no sean responsables de las barbaridades que cometen sus empleados. Sin duda, el chocar por alta velocidad o el atropellar a los pobres peatones deberían ser motivo más que suficiente para que les quiten la concesión que el Estado les ha entregado.

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