Pena Capital

 

Pocos son los países que aún mantienen el uso de la pena de muerte en el mundo. Tres potencias como Estados Unidos, Japón y China la utilizan como mecanismo de castigo para los delitos más violentos. Pero además otros países como Yemen, Irán, Arabia Saudita y Egipto también la utilizan de una forma mucho más discrecional.
Las últimas semanas dos informaciones han avivado el debate sobre la utilización de esta medida. En Estados Unidos ocurrió una muerte “inhumana”, como la ha calificado el presidente Obama cuando un preso sufrió por largos 45 minutos dolor y convulsiones, luego de que las inyecciones letales aparentemente no tuvieran el efecto esperado. En el otro lado del mundo, en Egipto, un tribunal condenó a muerte a 529 personas por el asalto a una comisaría donde un policía resultó muerto.
Dos situaciones muy diferentes que, sin embargo ponen el énfasis sobre un problema común: el uso de castigo letal del Estado. Diversos estudios en Estados Unidos reconocen que este castigo es arbitrario, racialmente sesgado e irresoluble dada la alta presencia de afroamericanos como víctimas de este castigo, especialmente por crímenes donde las víctimas son blancos. Adicionalmente el desarrollo tecnológico de los análisis criminalísticos muestran que muchos casos se resuelven teniendo en cuenta solo evidencia parcial y en algunos casos contradictoria.
Desde 1976 en Estados Unidos, 144 personas fueron liberadas de la pena máxima por errores de procedimiento, aparición de nueva evidencia o testigos que se retractaron de sus declaraciones. No es un dato menor, el Estado estuvo a punto de ejecutar a más de una centena de ciudadanos, homicidio legal como algunos le llaman.
En Egipto, por otro lado, la posible ejecución de más de medio millar de personas por un hecho vinculado con un problema político supera cualquier análisis legal. Más allá del argumento ético y moral que implica el uso de la pena capital, algunos especialistas en Estados Unidos argumentan contra la pena de muerte incluso desde un punto de vista económico. Cada ejecución en el Estado de Carolina del Norte tiene un costo de más de 2 millones de dólares, lo que implica un gasto similar a tener una persona encerrada por 120 años. Por supuesto en otras realidades donde el proceso de ejecución es más rápido los costos económicos son menores, pero los sociales seguramente son de largo plazo.
Cerramos una semana con un claro convencimiento. El Estado no debe ser verdugo de los ciudadanos. Ni siquiera de aquellos que cometen delitos profundamente graves y violentos. Para ellos el castigo de una vida de encierro es suficiente y permite además mantener abiertas las posibilidades para la aparición de nueva evidencia en procesos muchas veces plagados de dudas e incertezas. En EEUU y en Egipto la vergüenza es enorme para los que creen que la justicia es ojo por ojo porque como alguna vez dijo Gandhi, en ese camino lo único claro es que todos quedaremos ciegos.

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