Dos cosas a considerar, la votacion popular y la presuncion de inocencia.

 

Audacia es el juego: By Ricardo Mohme.

Primera revisión de candidatos para las elecciones regionales y municipales.

La primera revisión de las listas que postulan a los comicios del 5 de octubre arroja un cuadro que proyecta nuevas sombras sobre el proceso de descentralización tomando en consideración los aspirantes a dirigir los gobiernos regionales.
Luego de frustrarse la reforma de la Constitución para impedir la reelección de los presidentes regionales, 11 de ellos se presentan para un nuevo mandato, de los cuales 10 arrastran cuestionamientos fundamentados a su gestión. Dos de ellos, los de Cajamarca y Pasco, están detenidos provisionalmente y en otros dos casos, los de Loreto y Ucayali, la fiscalía ha solicitado su detención. Un quinto presidente, el de Ayacucho, estuvo con orden de captura hace meses y ahora mismo enfrenta un proceso por haber realizado contratos sin licitación. Son también objeto de documentadas denuncias, acciones de control e indagaciones de la fiscalía los presidentes de las regiones Apurímac y Huancavelica.

Otros de los cuestionados son el presidente regional de Huánuco, investigado por los gastos en obras fantasmas por un monto de 348 millones de soles; el del Callao, al que la fiscalía superior anticorrupción inició una investigación preparatoria por la venta irregular de un terreno de 70 mil metros cuadrados; y el de Lambayeque, acusado por la procuraduría anticorrupción de haber recibido cartas fianzas que no cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. En ese mismo caso, la Fiscalía Suprema de Control Interno inició una investigación a la presidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque, por haber archivado varias denuncias contra el presidente regional.
Estas postulaciones no pueden ser apreciadas exclusivamente desde el ángulo de su legalidad, aunque también en este campo se registran vacíos respecto a las actividades políticas de funcionarios procesados que la justicia limita o puede limitar durante la campaña electoral.

La audacia de los postulantes acusados y procesados refleja un opaco funcionamiento de los grupos políticos organizados alrededor de los aspirantes a la reelección, resucitados luego de casi tres años solo para los efectos de los comicios y donde no se realizaron consultas internas que pasen el mínimo estándar democrático. El hecho de que en esas agrupaciones no se haya podido proponer candidaturas alternativas revela lo que en realidad son, posesiones privadas y personales que facilitan el acceso al poder y, obviamente, a su mal uso. A estas alturas deben estar reflexionando quienes proponían no impedir la reelección regional esperanzados en el desarrollo político de las supuestas élites locales.

Podría ser el caso de que varios o todos los presidentes que postulan a la reelección no logren su cometido. No obstante, los daños al sistema que su intento genera son incalculables, empezando por el uso ilegal de los recursos públicos de las regiones facilitado por los funcionarios interinos que dejan en su reemplazo, sobre lo que ya se registran denuncias sustentadas. La impunidad, el financiamiento ilegal y la prolongación de la existencia aunque sea precaria de grupos que persiguen saquear los fondos públicos significan también un alto costo para la sociedad y para su confianza en el régimen democrático.

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