Que barullo, por cumplir con la Ley(Panama)

 

LA JEFA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS ANTE EL PLENO

Asesores auxilian a contralora Gioconda Torres de Bianchini

 

– Desde que asumió el cargo en enero de 2010, la contralora general Gioconda Torres de Bianchini, no fiscalizó los precios de los contratos ni a las empresas contratadas, y solo se limitó a revisar que las instituciones cumplieran requisitos administrativos.

Esto lo reiteró la propia funcionaria una y otra vez durante su comparecencia ante la Asamblea Nacional, en la que acudió reiteradamente a asesores suyos, quienes le proporcionaban documentos que leía al pie de la letra.

“Yo solo puedo hacer lo que la ley me dice que haga”, expresó la funcionaria cuestionada por los diputados por permitir supuestos sobrecostos y contratos lesivos a las finanzas del Estado. Según Torres de Bianchini, su institución solo está obligada a verificar la existencia de la partida presupuestaria y los requisitos burocráticos.

La contralora, quien trabajó por varios años como auditora en una de las empresas del expresidente Ricardo Martinelli, advirtió que las incongruencias en los contratos solo se pueden descubrir en auditorías posteriores, y no en revisiones previas, ya que esta facultad excede su competencia, explicó.

Además de protegerse de los cuestionamientos con supuestas lagunas legales, la contralora reveló que el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) gastó $1,526 millones en contrataciones directas, concentradas en su mayoría en contratos del Gobierno Central. Representan el 78% de ese gasto.

También aseguró que la gestión de Martinelli comprometió $4,115 millones en proyectos “llave en mano”, e incrementó la deuda pública en $6,837 millones.

La comparecencia de la funcionaria surgió luego de la citación de los diputados para que respondiera un cuestionario de siete preguntas. Tras solventar estas interrogantes, los diputados, en su mayoría oficialistas, formularon otros cuestionamientos hasta las 10:10 p.m. de ayer, cuando culminó la sesión legislativa, y anunciaron que hoy, a partir de las 2:00 p.m. continuarán las preguntas a la jefa de las finanzas públicas.

LA DAMA DE ROJO

La contralora llegó al Palacio Justo Arosemena a las 3:15 p.m., un cuarto de hora antes de su citación. Llegó a bordo de una camioneta dorada y acompañada de algunos escoltas. Abajo la esperaban ya varios funcionarios de la Contraloría con cámaras de video y de fotografía.

Vestida con traje y zapatos rojos, un prendedor, un reloj dorado, y una pulsera de perlas, Torres de Bianchini apresuró el paso y entró con su comitiva al Salón Chanchoré, a esperar el llamado. En el breve trayecto del auto al salón, solo se limitó a decir que estaba satisfecha con su gestión y que se desarrollaban varias auditorías.

La funcionaria llevó un equipo nutrido de la Contraloría y que a la larga se encargó de auxiliarla para que pudiera responder todas las preguntas no incluidas en el cuestionario redactado por los diputados y para el que sí se preparó por anticipado.

Contó con la compañía de Edwin Herrera, secretario general; Winston Sánchez, director de Asesoría Económica y Financiera; Mohamed Uthman, director de Ingeniería; Eloy Álvarez, director de Asesoría Legal; Roger Cerrud, director de Fiscalización General; Margot Fuentes, directora de Auditoría General; Manuel Salvador, director de la Unidad de Fiscalización Especial; Harmodio Madrid, director de Métodos y Sistemas de Contabilidad; Eyra de Rodríguez, jefa de la Unidad Central de Fiscalización; y Jorge Luis Quijada, jefe de la Oficina de Rendición de Cuentas.

Mientras los diputados utilizaban el período de incidencias para hablar sobre Río Abajo, la carrera administrativa y la protección a monumentos históricos, miembros de seguridad del pleno le cedieron el paso a las personas que se desplazaron hasta la Asamblea Nacional para presenciar la comparecencia.

Una vez en el recinto, dos bandos dominaban las gradas. Un sector apoyaba a la contralora. Portaban letreros que decían : “respeten a la mujer que es una profesional”, “Gioconda, las mujeres estamos contigo”. Varias de esas personas saludaron como viejos conocidos a Diego Lombana, suplente del diputado chorrillero Sergio Gálvez. Les devolvió el saludo con una sonrisa cómplice.

Lideraba el otro grupo el Frente Amplio Colonense, entre los que estaba Edgardo Voitier. Gritaban: “ladrona”, “mentirosa”, “loca”. Y en medio de ese ambiente, la contralora salió a responder las preguntas.

Comenzó con una breve introducción, en la que se dedicó a enumerar artículos y disposiciones legales referentes a las labores de la Contraloría. Lucía nerviosa: cancaneaba, le temblaban las manos, mostró enormes deficiencias en su lectura y casi siempre se equivocaba con las cifras.

Los ánimos estaban caldeados entre los dos grupos, que se gritaban improperios unos a los otros. El presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo Valderrama, llamó al orden en varias ocasiones y aseguró que aplicaría medidas de seguir la situación en las gradas.

EL CUESTIONARIO

Torres de Bianchini, con una presentación sencilla y con tablas desordenadas, comenzó a cuestionar las preguntas de los diputados. La primera era sobre la eliminación del control previo a las instituciones públicas. La contralora reveló que esta figura se le exceptuó a las contrataciones de 15 instituciones, las cuales han presentado 61 informes de rendición de cuentas. La excepción, según ella, fue para “facilitar el proceso administrativo y financiero”.

La segunda pregunta del cuestionario trató sobre los funcionarios del último y del nuevo Gobierno que no han presentado su declaración patrimonial. La contralora dijo que no estaba facultada para revelar nombres, y afirmó que desde el 1 de julio hasta ayer, solo “378 servidores públicos han presentado copia autenticada de la declaración jurada”.

Mientras la contralora leía y leía, una voz repentina en las gradas gritó: “¿Cuánto se robaron?”.

Luego habló sobre las juntas comunales. En esta parte afirmó que sí recabaron informes, pero no precisó la información.

El siguiente tema en la presentación de la funcionaria fue sobre las contrataciones directas. Después de advertir que estas cifras las manejaba el Ministerio de Economía y Finanzas, reveló que el gobierno de Martinelli gastó $1,526 millones sin pasar por licitaciones.

La quinta pregunta fue sobre los proyectos “llave en mano”. De los $4,273 millones que invirtió el Gobierno pasado en este tipo de contratos, el 56% le correspondió al Ministerio de Obras Públicas, el 27% al Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, y el resto se repartió entre la Autoridad de Turismo de Panamá, el Ministerio de Seguridad, y otras entidades.

El siguiente apuntó a los criterios empleados por ella para refrendar la construcción de macroproyectos. La funcionaria se dedicó por casi 30 minutos a citar diferentes normas generales de administración presupuestaria.

La última interrogante fue en relación al comportamiento de la deuda pública en el último quinquenio. La contralora explicó que la deuda actual es de $17,639 millones, y que durante la administración Martinelli se registró un incremento de $6,837 millones.

Es decir, un 63% por encima de los $10,802 millones con que cerró la presidencia de Martín Torrijos.

TRIFULCA Y SOBRECOSTOS

Al finalizar la presentación, los diputados le preguntaron lo que ellos consideraran necesario. El perredista Javier Ortega, fue el primero. Ahondó en las juntas comunales.

Ana Matilde Gómez fue la siguiente en cuestionar a la contralora, le preguntó sobre las adendas en la construcción de varios hospitales, las destituciones en la institución cuando asumió el cargo y por qué no asistía a los Gabinetes.

Torres de Bianchini explicaba que le asignó a su subcontralor asistir a estas reuniones, y fue interrumpida porque se perdió el control en las gradas.

El grupo de colonenses, dirigidos por Carlos Grenald, comenzó a gritar pese a las advertencias de Valderrama de respetar la sesión.

El grupo arengaba “sin lucha no hay victoria”, y “solo el pueblo salva al pueblo”. En un intento por llegar a la pared de vidrio que separa al pleno de las gradas, Grenald empujó a un seguridad y golpeó el vidrio. Comenzó la trifulca.

Forcejeos y gritos iban y venían, mientras los diputados y la contralora miraban atentamente el espectáculo.

La escena obligó al personal de seguridad del Legislativo a rociar gas pimienta, y terminó el problema. La gente salió del pleno y hasta hubo desmayos; la contralora siguió con su explicación.

Con las gradas vacías, los diputados uno a uno continuaron con los cuestionamientos, la mayoría de ellos sin mayor polémica. Hasta el turno del panameñista José Luis Varela, quien le mostró una variedad de contratos otorgados por el Programa de Ayuda Nacional (PAN) con supuestos sobrecostos.

La funcionaria reiteró que su deber no es verificar el precio de las cosas, ya que eso “demoraría” los refrendos, y advirtió de que empezará investigaciones en los casos mostrados por Varela.

Mientras los diputados oficialistas le hacían preguntas repetitivas sobre control previo y sobrecostos, los de Cambio Democrático la felicitaban y le aplaudían su asistencia al pleno, pese a que estaba obligada a responder la citación.

El panameñista Gabriel Soto fue el único que le preguntó por su relación laboral con Martinelli previa a convertirse en contralora, y que si eso no era un conflicto de intereses.

“No, porque yo soy una profesional. Martinelli nunca me va a pedir nada que no deba hacer”, dijo Torres de Bianchini, que a su salida del Legislativo ya no iba a paso acelerado, sino con calma y rodeada de su equipo de asesores. Hoy, probablemente, volverá a apoyarla ante el pleno de la Asamblea Nacional.

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