Comentarios de Gustavo Mohme

 

Una oportunidad para corregir errores

El Congreso de la República aprobó la modificación de la Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones, restableciendo el aporte libre y voluntario de los trabajadores independientes a las AFP, corrigiendo una decisión que no ha logrado alcanzar un necesario consenso social. La amplia votación alcanzada con el concurso de todas las bancadas no puede hacer que se pase por alto que hace dos años el mismo Parlamento aprobó con similar mayoría la disposición derogada.

El debate en el Congreso tuvo un plano específico relacionado con el aporte de los independientes, y otro más general sobre el sistema en su conjunto. En relación con lo primero ha quedado establecido que fue contraproducente forzar la obligatoriedad en condiciones del monopolio en la captación, sumado a otros problemas como el cálculo de los aportes, el mayor aporte de los que ya se encuentran en planilla y la falta de información.

La defensa de la disposición derogada ha sido testimonial y carente de argumentos técnicos. La más insistente no se dirige a la modalidad en sí misma sino que advierte que la AFP a cargo de la administración de los aportes podría demandar al Estado si estos se suprimen, un riesgo que, sin embargo, no se aprecia en la revisión del contrato, en el que además no se menciona el aporte obligatorio de los independientes. Otras razones son más pobres, como que en el pasado los fondos previsionales fueron usados para otros fines o que la desaceleración de la economía no aconseja que las AFP tengan una menor liquidez.

La derogatoria del aporte obligatorio en las condiciones planteadas en el 2012 no es una medida radical, principalmente porque no cierra la posibilidad de que en otro escenario y proceso se dicten medidas que garanticen el ahorro previsional, sobre la base de la convicción de que los estados deben procurar que los trabajadores, dependientes o no, dispongan en su vejez de recursos materiales para su subsistencia. El llamado ahorro forzoso es una política de las naciones modernas, una opción a la que no debe cerrársele la puerta a condición de que se instalen modelos graduales, no confiscatorios, con costos de servicios bajos, información de los aportantes y procesos flexibles de salida y de traslado.

Lo sucedido es también una lección para el Congreso. La reforma del sistema de las AFP no fue diseñada en un trabajo conjunto entre el Legislativo y el Ejecutivo sino en una comisión técnica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) e impuesta al Congreso sin mayores cambios, con el mismo mecanismo que ha operado para la aprobación de casi todas las normas de carácter económico.

El Ejecutivo debería promulgar la ley derogatoria aprobada en el Congreso y por varias razones; la más importante es la palabra empeñada por el oficialismo como parte de los diálogos para la concesión de confianza al Gabinete Jara. Como es evidente que el oficialismo es uno solo, sería una señal inconveniente que el gobierno deje expuesta a su bancada y deje el precedente de que no se puede confiar en sus compromisos.

La segunda razón es que la promulgación de la norma se convertirá en el inicio de un debate sobre el sistema AFP que, desde el gobierno y no contra él, proponga soluciones creativas como lo han hecho otros países, en los que el Estado lejos de mimetizarse con la defensa de un sistema con ostensibles fallas ha dado pasos para su continuidad vía reformas.

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