Internacionales

 

La cooperación internacional sería una herramienta básica para agilizar las eternas investigaciones sobre corrupción, dice
«Hacen falta políticas que obliguen a los paraísos fiscales a ser transparentes»
JOSÉ RAMÓN LADRA
El juez Santiago Pedraz, en su despacho de la Audiencia Nacional.
Es uno de los seis jueces de España que investigan macrocausas de corrupción desde su despacho de la Audiencia Nacional. En su caso, la última afecta a la del hijo menor del presidente de la Generalitat, Oleguer Pujol. Por razones obvias, Santiago Pedraz no habla ni de este caso ni de los demás sumarios que instruyen sus compañeros. Pero sí de los problemas que surgen en las cada vez más frecuentes investigaciones que tienen como epicentro territorios «offshore».

-¿Qué es un paraíso fiscal?

En general, y en mayor o menor medida, es un territorio con baja o nula fiscalidad y con ausencia de mecanismos de ordenación y supervisión de las instituciones financieras. De esta forma se crean entidades bancarias que no tienen en cuenta los antecedentes de sus administradores o propietarios, a lo que se une que preservan absolutamente el secreto bancario, no identifican a los clientes, no comunican las operaciones, ni aún las sospechosas. Es más, permiten la existencia de cuentas ambulantes que se abren con la instrucción de que los fondos en ellas depositados sean trasladados inmediatamente a otras cuentas.

-¿Cómo se llega a un paraíso fiscal?

Basta con acudir a internet. En general hay que hacerse residente en ese paraíso o constituir una entidad jurídica separada o subsidiaria (una compañía extraterritorial -«offshore»-, de fideicomiso o fundación). Y más fácil aún es abrir una cuenta anónima en un banco «offshore» en la que se asegura máxima seguridad de datos, secreto bancario absoluto, bajos o nulos impuestos, fácil llegada a su patrimonio vía banca-online (internetbanking) o tarjeta de crédito, en todo el mundo y las veinticuatro horas del día.

-¿Qué dificultades plantea a un juez de instrucción una investigación de este tipo, ahora tan de moda?

Cuando se les solicita información o bien no la aportan -escudándose en el secreto bancario o en la negativa a dar información a efectos tributarios- o si lo hacen es de forma muy limitada, exigiendo tantos requisitos que prácticamente hacen necesario que el país requirente conozca de antemano el resultado de la misma. Además, al tener que solicitarse vía comisión rogatoria (a través de los ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores), y no existir convenios con esos países que permitan la cooperación directa entre jueces y fiscales, se da un gran retraso en la investigación.

-¿Qué herramientas se necesitarían para agilizar esas peticiones de información?

Obviamente la cooperación internacional. Sin embargo, para ello hacen falta políticas globales que tiendan a suprimir la existencia de estos territorios o al menos que esas entidades cumplan con el principio de transparencia: «Conoce a tu cliente, conoce sus actividades».

-¿Esos paraísos fiscales están amparados por la Unión Europea?

No están amparados, todo lo contrario. Particularmente los miembros de la OCDE tienen leyes que dificultan a sus residentes poseer una compañía (o realizar inversiones) en un paraíso fiscal sin pagar impuestos en él o en el país en el que residan. Pero, en cualquier caso, tener una cuenta o una sociedad en un paraíso no es delito. La cuestión es la procedencia del dinero: si es producto de un delito o se han incumplido obligaciones fiscales. Puede ser también que al depositante simplemente le interese tener el dinero en ese lugar porque esos bancos offshore están a salvo de la influencia política y económica de otros países en los que existen los peligros de inestabilidades políticas. O cuando se teme que desaparezcan sus bienes por incautaciones o la congelación de los mismos. A ello se une que esos bancos suelen cobrar menos gastos y ofrecen intereses más altos que los bancos del propio país.

-¿Cree que España esta haciendo todo lo posible por llegar al defraudador?

En la medida de lo posible sí y al amparo sobre todo de la Ley de Prevención del blanqueo y su reglamento aprobado recientemente.

-¿Es partidario de la amnistía fiscal que han hecho gobiernos anteriores, de todos los colores?

Ni sí ni no. Son cuestiones de políticas del Gobierno que no responden a fines político-criminales.

-¿Qué opina de la lista Falciani?

Es simplemente una hoja de cálculo que suministró un técnico de una entidad bancaria y que ha servido como indicio -solo indicio- para investigar a presuntos evasores. Este dato, unido a otros a través de la oportuna práctica de diligencias, determinará la existencia o no de delito o el incumplimiento o no de obligaciones fiscales.

-¿Los países de la UE deberían ser más estrictos para que sus nacionales no se lleven el dinero fuera de sus fronteras?

En Europa hay libre circulación de capitales, por lo que no puede restringirse ese derecho. Si se trasladan a otro país no europeo ya existen las suficientes normas para la prevención y persecución en su caso de los delitos respectivos que puedan cometerse. Pero en un mundo globalizado no se le puede prohibir a nadie mover el dinero de un país a otro, siempre que cumpla con sus obligaciones fiscales.

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