La Tala ilegal es un lastre.

LORENZO DE LA PUENTE

¿La naturaleza tiene derechos?

El derecho se transforma al mismo paso que la ciencia va mostrando el valor de la naturaleza como sustento único y finito de nuestras vidas. El derecho peruano, al igual que el de los demás países, no es ajeno a esto y responde con la singularidad de la diversidad cultural y de ecosistemas de nuestro territorio.

Como disciplina jurídica que es, el derecho regula la conducta de las personas. Por un lado, regula a los ciudadanos –ya sea que estos actúen individualmente o a través de una persona jurídica– y, por el otro lado, regula la actividad del Estado –imponiendo mandatos y límites–. Son dos enfoques distintos pero complementarios.

Las catástrofes ambientales, como la causada por la minería ilegal en la Amazonía, generan en la ciudadanía una reacción que muchas veces se ve replicada en el derecho. Tal reacción jurídica varía, por supuesto, de país en país. Por ejemplo, en el Perú se fortaleció la fiscalización ambiental y se declaró como delito a la minería ilegal, entre otros aspectos.

Ecuador, por su lado, ha “ido más allá” y declaró en su último texto constitucional que la naturaleza tiene derechos (1). Se trata de un aspecto que algunos sugieren como piedra angular de un cambio de paradigma en el derecho. Bolivia también lo ha hecho pero solo por medio de normas con rango de ley que no responderían a los principios de su constitución política. Tanto la “Ley de Derechos de la Madre Tierra” del 2010 (2) y la “Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien” del 2012 han reconocido derechos a la naturaleza.

La Constitución del Perú (3) difiere de la ecuatoriana y ninguna de nuestras leyes(4) contiene disposiciones similares a las de las leyes bolivianas. Cabría preguntarnos si llegaremos a reconocer derechos a la naturaleza en nuestro territorio. Difícil saberlo, pero si sucede será un “golpe de timón” en nuestro derecho nacional, tal como lo fue en el 2008 en Ecuador.

El derecho ambiental está en constante evolución por la necesidad de innovar para cumplir con su objeto. La aparición de conceptos como el de los derechos de la naturaleza en América Latina es precisamente una manifestación de ello y es expresión propia del siglo XXI. Sin embargo, se trata de un concepto jurídico que no es pacífico: tiene defensores así como detractores.

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